| Amazonía: Tierra de mártires Compilado a partir de informaciones
publicadas
17 de febrero de 2005
El asesinato en Brasil de la monja Dorothy Stang, una “muerte anunciada” con repercusión internacional, exige del gobierno una política efectiva para abatir la violencia en los conflictos por la tierra, especialmente en el septentrional estado de Pará. De ese modo se pronunció el secretario nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Antonio Canuto. |
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La hermana Dorothy, como se conocía a la misionera de 73 años asesinada en el municipio de Anapú, en el centro de Pará, actuaba en favor de poblaciones pobres de la Amazonia oriental hacía 40 años. Vinculada a la CPT desde la fundación en 1975 de esta organización de la Iglesia Católica, comenzó a sufrir amenazas de muerte de los hacendados a partir de 1999 por su acción en favor de los campesinos. Pero la religiosa decía no temer la muerte, reafirmando la decisión de mantenerse al lado del ”pueblo humilde”.
Los mártires de la tierra
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, comparó a la misionera con Francisco Alves Mendes, el mártir de la lucha ambiental y social en la Amazonia más conocido como Chico Mendes, cuyo asesinato en diciembre de 1988 también provocó conmoción nacional e internacional.
Pará es el estado donde ocurre la mayor cantidad de asesinatos a causa de conflictos por la tierra, según datos de la CPT, que hacen un seguimiento de la violencia en el campo brasileño desde los años 80.
Los datos de la organización católica indican que 33 de las 73 muertes registradas en 2003 fueron en Pará. En el año pasado, aún sin cifras definitivas, y en años anteriores, el estado siempre respondió por casi la mitad de los asesinatos. En abril de 1996 en el sur de Pará se recuerda la masacre de Eldorado de Carajás, cometida por la policía al disparar sobre campesinos que marchaban por una carretera en esa zona y que dejó como saldo 19 personas muertas.
Mato Grosso y Rondonia, estados que ocupan los bordes meridionales de la Amazonia, también presentan altos índices de asesinatos. Son las fronteras agrícolas, por donde avanza el negocio de la agricultura invadiendo de modo ilegal tierras públicas como principal fuente de violencia, según Canuto.
En su evaluación, sólo un cambio de la política económica, dejando de estimular el avance de los hacendados y la extracción ilegal de maderas, podrá poner fin a esa dinámica de eliminación física de los campesinos, sus líderes y defensores.
Desarrollo sustentable para los campesinos pobres
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Las amenazas de los hacendados contra la hermana Dorothy se intensificaron por su dedicación al denominado Proyecto de Desarrollo Sustentable, constituido por áreas donde 600 familias se dedican a la extracción de productos forestales y pequeña agricultura sin deforestación.
El programa, iniciado exactamente en 1999, ocupa parte de la zona que en 1970 el gobierno de entonces concedió a hacendados, pero a condición de que promovieran la producción agrícola dentro de los cinco años siguientes. Sin eso, las tierras volverían a la propiedad del Estado, explicó Canuto. Pero muchos de ellos sólo sacaron maderas de valor y vendieron a otros la tierra de la que no tenían la propiedad legal. Estos compradores son los que ahora se oponen al asentamiento de extractores y campesinos en esas tierras, generando el conflicto.
Tierra de nadie
La tensión "se viene acumulando hace muchos años” a lo largo de las carreteras Transamazónica y Cuiabá-Santarem, que cruzan Pará y cuya pavimentación, esperada en breve, atrae inmigrantes de otras zonas del país y conflictos, explicó Rosana da Costa, investigadora del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM).
La Transamazónica es una larga carretera que empezó a ser construida en los años 70 por los militares que impusieron una dictadura en el país de 1964 a 1985, y tenía como fin unir el nordeste poblado y pobre del país con el corazón de la Amazonia. La obra no fue terminada y, sin pavimentación en la mayor parte de la ruta, es considerada un ejemplo de proyecto fracasado, intransitable en varios tramos.
La expectativa de su pavimentación y de la construcción cercana de una gran central hidroeléctrica se sumó a la implantación del Proyecto de Desarrollo Sustentable para atraer miles de inmigrantes a Anapú, el centro de las tensiones actuales.
De esa forma, el municipio que tenía 9.407 habitantes, según el censo demográfico de 2000, tendría ahora entre 20.000 y 40.000 personas, según distintas estimaciones.
De esa forma, Anapú y gran parte de Pará se convirtieron en un "barril de pólvora”, definió Da Costa. Es una región donde se reúnen el caos territorial y la violencia de distintas causas, como el trabajo en condiciones de esclavitud, las amenazas de muerte, agresiones y asesinatos, con ausencia del Estado.
La mayor parte de las tierras de Pará, como de otros estados amazónicos, son del Estado. Es "tierra de nadie”, a merced de la apropiación o extracción maderera ilegal. La deforestación y las "quemadas” o incendios forestales se multiplican en la Amazonia porque puede afianzar la posesión de la tierra.
La explosión de violencia en este momento se debe a que el gobierno inició un proceso de recuperación de esas tierras y adoptó medidas de ordenamiento territorial y asentamientos agrarios, según Da Costa, coincidiendo con autoridades gubernamentales.
Los incendio de casas, la destrucción de cultivos, mensajes amenazadores y, en último término, el asesinato a manos de pistoleros y milicias armadas, son usados permanentemente por los pretendidos propietarios para expulsar de la tierra a los ocupantes indeseados, incluso a aquellos asentados por el gobierno, describió la investigadora.
La respuesta del gobierno
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció la militarización del estado de Pará, con el envío de 2.000 efectivos para contener la ola de violencia entre hacendados y campesinos. La intervención de las fuerzas de seguridad llega tarde, como siempre, después de consumado el crimen, lamentó Da Costa. La protección policial o militar para los amenazados no puede evitar las "muertes anunciadas” en un territorio tan grande y en medio de tantos conflictos, sentenció.
Una solución efectiva para el conjunto de problemas locales depende de intervenciones masivas, duraderas y articuladas entre varios organismos gubernamentales, para poner en foco simultáneamente la cuestión de la seguridad pública y los problemas de tenencia de tierras, así como los de orden social y ambiental, opinó la investigadora.
Da Costa y otros activistas amazónicos esperan que la muerte de la misionera Stang, que tuvo gran repercusión nacional e internacional, no tenga como respuesta las usuales acciones limitadas, que se desactivan tras algunos meses sin modificar la situación.
Ésta es una oportunidad para el cambio. Una "respuesta
firme” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a la violencia
puede impulsar un proceso de superación de los conflictos por
la tierra, de mejor uso de los bosques, con su valorización y
conservación, manifestó Paulo Moutinho, uno de los coordinadores
de IPAM.-
Véase
también:
Dorothy Stang: Crónica de una muerte anunciada
