Editorial de Revista Mensaje, septiembre de 2005

 

En agosto pasado el Congreso Pleno ratificó una profunda —y largamente esperada— reforma a la Constitución de 1980 que erradica una serie de “enclaves autoritarios” heredados de la era dictatorial. El clima de triunfo que rodeó el cierre de este acuerdo entre gobierno y oposición no nos parece del todo justificable. Esto porque las reformas llegan con atraso y —lo que es más grave— siguen siendo insuficientes. Más bien creemos que son un remiendo a una Constitución cuyo objetivo original fue perpetuar los pilares centrales del régimen militar e impedir una verdadera democratización del país. Pinochet votando en el plebiscito para aprobar la Constitución de 1980 >

Entonces, los que mantuvieron por tantos años los ‘resguardos’ constitucionales que les han permitido beneficiarse de cuotas de poder mayores a su representatividad popular, no tenían nada que celebrar salvo su tardío oportunismo. Tampoco debieran alegrarse demasiado quienes tuvieron éxito en su prolongado empeño de terminar con los senadores institucionales, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la tutela de estas sobre el pueblo soberano. Y ello porque estas reformas —que representan un paso adelante significativo— no terminan con el carácter esencialmente autoritario de la Constitución de Pinochet.

 

Un dañino sistema electoral

Ilustra lo anterior la vigencia del sistema electoral binominal, consagrado ahora en una ley orgánica constitucional pero cuya modificación no pudo concretarse en esta reforma. Por encima de los cálculos del momento, cabe una grave responsabilidad política a los que se han empeñado en mantener un sistema electoral que le está haciendo daño a la democracia y a la legitimidad de sus instituciones. Esto porque dicho sistema imposibilita la representación parlamentaria de un porcentaje no despreciable de chilenos y es incapaz de reflejar la voluntad popular al sobredimensionar a la primera minoría. Además, genera un deterioro en las relaciones al interior de cada coalición.
De hecho, el sistema binominal contribuye a excluir a la ciudadanía del proceso de designación de los candidatos. Si evaluamos como se están constituyendo las plantillas parlamentarias, constatamos que, en general, en los partidos políticos no prima la democracia interna. Más bien se adecuan –quiéranlo o no- al sistema binominal que es causa del enviciamiento en la elección y del blindaje de candidatos. El ‘empate’ que produce el sistema en gran parte de las circunscripciones hace que candidatos de ambos conglomerados tengan sus puestos asegurados de antemano. Este sistema electoral nos está empujando a límites tan extremos que nos parece necesario abrir un debate sobre alternativas que consideren —como se hace en otras partes— todas las posibilidades entre el sistema mayoritario uninominal y el proporcional puro.

Mientras tanto, contamos con un ordenamiento político deficiente, incluso más allá del sistema electoral, pues no fomenta el crecimiento en ciudadanía. No estimula ningún tipo de ‘primarias’ que vuelvan más participativa la designación de los candidatos. Este vaciamiento de ciudadanía favorece la desproporcionada importancia que han ido adquiriendo las encuestas. Ellas no sólo actúan en la práctica como único indicador del acontecer político y de la popularidad de sus actores, sino también son usadas para influir en los electores.

 

Nueva Carta Fundamental

Actualmente el parlamento no puede controlar ni su agenda ni el presupuesto de la nación. Foto: Cámara de Diputados

Se ha vuelto a hablar una vez más del término de la transición. El símbolo que marcaría su fin sería el reemplazo de la firma de Augusto Pinochet en el actual texto constitucional por la del presidente Ricardo Lagos. Es lamentable que una Constitución diseñada por la dictadura y parcialmente reformada, sea avalada con la firma de un presidente elegido democráticamente por el pueblo soberano y que cuenta con un impresionante apoyo popular al término de su mandato.

Creemos necesaria una nueva Constitución que reforme el sistema electoral binominal, facilite la transparencia, corrija anomalías en la administración de Justicia a través de algún control externo al Poder Judicial. Una Carta Fundamental que no confiera a la propiedad privada resguardos tales —como lo hace la actual— que, de hecho, impiden que el bien común pueda primar sobre la propiedad privada como corresponde éticamente.

Enfrentamos entonces un desafío ético que toca las relaciones entre política y sociedad. ¿Es el presidencialismo extremo que consagra nuestra actual Constitución el mejor modelo para Chile? ¿Lo es un parlamento que no puede controlar ni su agenda ni el presupuesto de la nación?

Volvemos a insistir en la necesidad de una nueva Constitución cuya propuesta debiera ser incluida en los programas de los candidatos presidenciales y su proceso de elaboración estar concluido para la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Que sea un referente reconocido por todos los sectores del país como legítimo e inspirador de los grandes valores de la patria. Es una tarea que queda pendiente para la sociedad chilena. Sólo con la vigencia de una Constitución plenamente democrática se marcará realmente el fin de la época de transición pos-pinochetista.

En el mes de septiembre celebramos nuestra fiesta nacional. ¿Qué país hemos sido y queremos ser? ¿Qué nos une hoy a los chilenos? Necesitamos una Carta Fundamental que refleje nuestra rica diversidad, donde todos nos podamos reconocer, sintiéndola propia. De la cual podamos estar orgullosos al ver representados en ella nuestros valores, el resguardo de todos sus habitantes, la protección de los débiles. Una Constitución que consagre el valor infinito de cada vida humana y el respeto de los derechos de todos los hijos e hijas de esta tierra.-