Corporación Cristiana "Puerta del Rebaño"

Supremo argentino Raúl Zaffaroni:

"Hay una suerte de delirio de seguridad"

por Ximena Marré

Publicado originalmente por El Mercurio, 15 de noviembre de 2004

Con un severo cuestionamiento a la trenza que existe entre los medios de comunicación, la clase política y la delincuencia, el ministro de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni, advierte sobre "el opacamiento del derecho penal liberal", que va cediendo ante políticas criminales que se limitan a reaccionar ante las emergencias y no obedecen a diagnósticos serios.

< El juez Raúl Zaffaroni (Foto: Claudio Bueno/El Mercurio)

Invitado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Arcis, quien fuera parte del voto de mayoría que declaró imprescriptible el crimen del general (r) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, basó su ponencia en un seminario acerca del Derecho Penal Liberal y el Derecho Penal Autoritario.

A su juicio, lo que impera en la región en el último tiempo es un "opacamiento del derecho penal liberal", lo que atribuye a un origen más bien mediático acerca de la seguridad.

"Siempre se busca una emergencia; desde hace 800 años vivimos de emergencia en emergencia, partimos con el diablo, las brujas. Frente a una emergencia se individualiza un enemigo y en función de él caen todas las garantías penales, y el poder que hipotéticamente estaría destinado a usarse contra ese enemigo se usa normalmente para otros fines", sentencia.

Así es como se acaba con el Estado liberal, con las garantías, y en definitiva cada coyuntura beneficia al grupo fáctico que tenga el poder para imponerse, dice el juez: "Lo que vemos en este momento es una suerte de delirio de seguridad que se va creando en la población a través de los medios de comunicación, que se ha difundido por el mundo".

Como ejemplo alude a Estados Unidos, que era un país con índices normales en materia criminal, lo que se reflejaba, por una parte, en su baja tasa de encarcelamiento, a través del cumplimiento en el medio libre, mientras que en la ex Unión Soviética se observaba la tendencia contraria. Sin embargo, a partir de los 70, Zaffaroni advierte que EE.UU. comenzó a subir su índice de reclusión y se dispara a niveles equivalentes a los soviéticos, que bajaron cuando cayó el muro y ahora volvieron a subir.

Su percepción es que esto responde a "una suerte de política de tipo demagógico vindicativo", en que el sistema penal hipertrofiado cumple una función en EE.UU., ya que para tener dos millones de presos y cinco millones bajo control penitenciario se necesita tener entre cinco y diez millones de personas empleadas para llevar el sistema, lo que en un mal momento económico contribuye a que descienda el índice de desempleo, por ejemplo.

Si bien esto no es exportable a otros países, en opinión del ministro trasandino se recibe la técnica de propaganda de ese sistema que se universaliza fundamentalmente por la masificación de las comunicaciones. "Todas las series policiales reflejan que los conflictos deben resolverse punitivamente, sin formas alternativas de solución de conflictos", puntualiza.

La competencia mediática por la noticia roja, a su vez, va generando un fenómeno de desempoderamiento de los países, con gobiernos con poco poder, dice.

A su juicio, esto dificulta a las autoridades políticas el proveer soluciones eficaces para resolver los conflictos, y en lugar de darlas, los políticos empiezan a operar como actores y actrices y a simular que tienen poder, visualizando como una de las formas más eficaces de simulación a la ley penal. "Miren cómo me estoy ocupando, veo violencia intrafamiliar y creo el delito o le aumento la pena".

Según Zaffaroni, esto va dejando a los políticos presos de un discurso único, del que los medios de comunicación se hacen cargo y que lleva a reformas de la ley penal cada vez más autoritarias, sin discurso académico o ideológico siquiera. "Es absolutamente cool, se hace porque la publicidad o el eslogan se tragó el discurso, que es a la medida".

Ese discurso único -explica el magistrado- impacta emocionalmente a través de los medios, se va expandiendo y deja prisioneros a los políticos, que tienen que responder a la ciudadanía, de manera que no es el poder político el que controla a los medios, sino que son los medios los que imponen el discurso a los políticos. Por el contrario, señala, el político que trata de desestimular ese discurso está defendiendo los derechos humanos de los delincuentes.

Metamensaje

Además, el alto magistrado enfatiza que esa publicidad tiene un efecto multiplicante en la realidad, generando un metamensaje que dice "cometa el delito, que no le va a pasar nada, y hay una serie de imbéciles que creen que no pasa nada y lo hacen". Así lo grafica el aumento de los secuestros en Argentina, delito difundido a través de los medios, de tal forma que a más de alguien se le ocurre cometer un delito de esa naturaleza sin la infraestructura ni planificación, terminando a veces con la muerte de la víctima por una torpeza.

Del mismo modo, precisa, han surgido oleadas de robos, de violaciones, de asaltos, como se van sucediendo los enemigos, "ya no es el diablo", ironiza.

En opinión de Zaffaroni, esta conexión debiera ser objeto de investigaciones serias que permitan diseñar políticas criminales sobre bases reales y no sólo mediáticas, teniendo en cuenta que el tema se enreda porque la ley penal se convierte en un instrumento político y mediático.

"Hay que apuntar los cañones a los delitos que son más graves y más frecuentes", remarca.

Y aquí engarza con la seguridad ciudadana, tema que en todo caso, insiste, es un problema de toda la vida. En Argentina, indica, ha caído media población bajo el límite de la pobreza en la zona más conflictiva del país (el Gran Buenos Aires), con todo lo que eso significa, más un deterioro policial por corrupción y un número de armas escandaloso por la propaganda del "ármese".

Los tribunales, a juicio de Zaffaroni, poco pueden hacer, porque "llegan cuando el muerto está muerto".

El supremo argentino también critica el exagerado 70% de reclusos en prisión preventiva, lo que da lugar a la inversión del sistema penal, ya que se habla de mejorar las cárceles y se invierte en ellas, sin que haya un número significativo de condenados.

"Se manipula la prisión preventiva como pena anticipada y no se hace rehabilitación", denuncia, y alerta que el alto número de procesados recluidos ya era un problema desde fines del siglo 19 y principios del 20.

Pese a este crudo panorama, el ministro Zaffaroni visualiza efectos pendulares, porque "esto se enrosca". Así recuerda cuando fue el primero en declarar inconstitucional la ley que sancionaba al consumidor de drogas, sentencia que no tardó en ser revocada. Sin embargo, dice que cuando empezaron a caer los hijos de los ministros y los nietos de generales, el proceso se revirtió.

"El autoritarismo cool no hace que sean tan inmunes, el propio sistema se les va de las manos".

Derechos humanos en Chile y Argentina

Las desapariciones forzadas en Argentina se han resuelto por la misma vía que en Chile, explica el ministro Raúl Zaffaroni, esto es, aplicando la figura del secuestro o privación ilegal de libertad.

Si bien allá está tipificado el delito de desaparición forzada, a su juicio, la figura del secuestro y el homicidio cubren todas las posibilidades, ya que la muerte no hubiera sido posible sin privación ilegal de libertad previa.

Estas causas se han reabierto luego que se anularan las leyes de punto final en el Congreso trasandino, aunque está pendiente que la justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma que decretó la nulidad.

A diferencia de lo que ha ocurrido en nuestro país, donde ya se han dictado las primeras condenas por el delito de secuestro calificado en casos de detenidos desaparecidos, la Corte Suprema trasandina todavía no ha resuelto sentencias condenatorias para los autores.

Para Zaffaroni, las causas por violaciones de derechos humanos han tenido una evolución equivalente en ambos países, marcando eso sí la diferencia el juicio que se hizo en Argentina a los Comandantes en Jefe de la Junta de Gobierno de su país, quienes fueron condenados y luego indultados por el ex Presidente Carlos Menem.

Luego se produjo un estancamiento de estas causas por las leyes de punto final y obediencia que ya no están vigentes.

En cuanto a la tortura, considera que se trata de crímenes contra la humanidad en tanto se han cometido dentro del contexto del aparato terrorista del Estado.

En Argentina hay causas reabiertas.

Durante el paréntesis de las leyes de punto final y obediencia debida, explica que por la vía jurisprudencial se aceptaron los "juicios por la verdad" para averiguar lo sucedido con las víctimas de la represión durante el régimen militar trasandino, como una necesidad de satisfacer intereses legítimos de los deudos.-