Menos de 15 años después del fin de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos está militarizando de manera creciente su relación con América Latina y el Caribe, según declara un nuevo informe publicado aquí esta semana. La asistencia militar a la región ha aumentado marcadamente desde el año 2000, según señala el informe. La misma fuente indica que, incluso durante el apogeo de la Guerra Fría, la ayuda militar equivalía a no más de un tercio del monto entregado por los EEUU como ayuda económica a América Latina. En el 2003, sin embargo, la asistencia militar ascendió a 860 millones de dólares, cifra apenas inferior a los 921 millones gastados en asistencia económica y humanitaria durante el mismo año. Si la tendencia actual se mantiene, la asistencia militar probablemente superará a la asistencia económica, según señala el nuevo informe, “Blurring the Lines: Trends in U.S. Military Programs in Latin America” (“Desdibujando los límites: Tendencias de los Programas Militares de EEUU en América Latina”).

Durante la Guerra Fría, los ejércitos latinoamericanos reprimieron brutal-mente a grupos izquierdistas en nombre de la “seguridad nacional”, doctrina promovida por EEUU durante la década de los 60. En la foto: Soldados chilenos vigilan a prisioneros políticos luego del golpe militar de 1973. Fuente: Derechos Chile

Además, la ambigüedad de las nuevas doctrinas propagadas por el Comando Sur de los EEUU (Southcom) –tales como la “soberanía efectiva”, que considera que la seguridad de los EEUU puede verse amenazada por la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para ejercer control sobre vastos “espacios sin gobernar” dentro de sus fronteras–, está aportando nuevos argumentos para que los ejércitos locales se impongan sobre las autoridades civiles.

Y con recursos –no sólo financieros– considerablemente superiores a los del Departamento de Estado u otras entidades de los EEUU, Southcom está influyendo cada vez más en la definición del rol de los EEUU en América Latina, según sostiene el informe que fue producido en conjunto por la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA), el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG) y el Centro para la Política Internacional (CIP).

 

Desdibujando los límites

El título del informe es una referencia a los roles específicos que supuestamente deberían desempeñar las instituciones militares y civiles en el gobierno, y el tema principal del informe es que Washington está alentando a los ejércitos latinoamericanos a incursionar en áreas que deberían estar bajo la jurisdicción de civiles.

“Ésta no es una cuestión académica”, dice Jay Olson, director ejecutivo de WOLA. “Apunta hacia el corazón de la democracia, en especial en aquellos países donde las transiciones que han seguido a los brutales regímenes militares aún están lejos de completarse”.

“Los programas militares de los EEUU están alentando fuertemente a los militares latinoamericanos a desempeñar roles internos que pueden ser asumidos por civiles, tales como combatir el crimen, construir caminos y proteger el medio ambiente”.

Así es como, en su declaración anual realizada a comienzos del 2004, el Comandante del Southcom, General James Hill, presentó una lista de amenazas emergentes en América Latina que iba mucho más allá del habitual ámbito militar, identificando al “populismo radical” y a las pandillas callejeras como nuevas amenazas de importancia en la región, y sugiriendo que los militares –y no la policía ni otras instituciones dirigidas por civiles– debían asumir un rol en el tratamiento del problema.

“Esto amenaza con politizar las fuerzas armadas”, dice Adam Isacson, director de programas del CIP. “Con demasiada frecuencia en América Latina, cuando las fuerzas armadas se han concentrado en un enemigo interno, la definición de enemigo ha incluido a oponentes políticos del régimen de turno, aun a aquellos que funcionan dentro del sistema político”.

El informe calificó de “particularmente perturbadora” la mención que hiciera Hill del “populismo radical”, dado el rol que han tenido los ejércitos latinoamericanos en la represión de grupos izquierdistas y populistas en nombre de la “seguridad nacional”, doctrina promovida por EEUU mientras preparaba a los ejércitos de la región durante la década de los 60.

 

El terrorismo es la excusa

Otro problema señalado en el informe es la aplicación que ha hecho Southcom de la llamada “guerra contra el terrorismo” a una amplia variedad de problemas. “Terroristas en toda el área de responsabilidad del Comando Sur bombardean, asesinan, secuestran, trafican drogas, trasladan armas, lavan dinero y contrabandean humanos”, aseguró Hill en su declaración.

“Aunque ésa pueda ser una descripción adecuada de Colombia y sus zonas fronterizas, no se aplica al resto de América Latina”, señala el informe, agregando que tampoco hace distinción entre las organizaciones guerrilleras y paramilitares propias de Colombia y grupos terroristas internacionales como Al-Qaeda u otros que amenazan directamente a los Estados Unidos y su territorio.

De hecho, según señala el informe, una mínima parte del incremento en el entrenamiento y ayuda militar para la región desde el 2001 ha estado dirigido a amenazas del tipo Al-Qaeda o similares, aunque ésa pueda ser la justificación más efectiva para el Pentágono a la hora de pedir aumentos presupuestarios a la Casa Blanca y el Congreso. “Sólo una minúscula porción de la asistencia en seguridad va a programas de contraterrorismo, tales como seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras”, según la directora de LAWG, Lisa Haugaard. “Lo que estamos viendo son los mismos programas de antaño para el combate de las drogas y las guerrillas, reempacados como parte de la guerra contra el terrorismo”.

De los 22.855 latinoamericanos entrenados por los militares de los EEUU en el 2003 –50 por ciento más que en el 2002–, la mayor cantidad, 5.506, tomó cursos de Infantería Ligera, donde se enseñan habilidades militares básicas y tradicionales como las tácticas en unidades pequeñas, operaciones en terrenos difíciles y tiro al blanco. Otros 1.650 policías bolivianos tomaron un curso de acción cívica, mientras 1.234 soldados de una variedad de países tomó cursos similares para operaciones antidrogas y de contrainsurgencia, según el informe.

La mayor parte de la asistencia antiterrorista –sólo una fracción del total– fue usada para programas antisecuestro en Colombia y programas de seguridad fronteriza en México. De hecho, la conflictiva Colombia fue lejos el mayor receptor de ayuda y entrenamiento militar de la región. Los EEUU proporcionaron entrenamiento a casi 13.000 soldados colombianos en el 2003; casi 4.000 efectivos más que en el caso de los iraquíes, y casi 8.000 más que en el caso de los afganos.

El gráfico muestra los diez principales receptores de entrenamiento militar de EEUU en los años 2001 y 2003. Pese al aumento en el número de efectivos iraquíes y afganos entrenados en el 2003, Colombia volvió a encabezar la lista a nivel mundial. Fuente: Informe "Blurring the lines"

 

Además, la administración ha presionado al Congreso para que aumente la cifra máxima permitida de 400 soldados y 400 contratistas de los EEUU operando en Colombia para incrementar las operaciones de entrenamiento y de otros tipos dentro del territorio. El Pentágono también está recurriendo cada vez más a sus propios programas para financiar el entrenamiento, en vez de usar el programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar (IMET) u otros programas que estén bajo el control del Departamento de Estado.

Otras preocupaciones planteadas en el informe fueron el fuerte aumento en el número de efectivos bolivianos –más de 2.000– en el 2003, un año que se caracterizó por la agitación política y los graves abusos cometidos por su ejército y policía; los esfuerzos de Washington por presionar a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que firmaran los acuerdos bilaterales del “Artículo 98” que le garantiza a las fuerzas de los EEUU la inmunidad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (ICC) para actos cometidos en sus países; y el apoyo de Washington a la creación de una fuerza naval multinacional a través de sus ejercicios “Amistad Duradera”.

El informe dice “el caso más flagrante en que los militares de los EEUU impartieron un entrenamiento que desdibuja la línea divisoria entre roles civiles y militares, fue el entrenamiento de casi 2.000 efectivos de la policía nacional colombiana y 100 de la policía nacional panameña en tácticas de infantería ligera durante el 2003”. Además, este entrenamiento, de naturaleza claramente militar, fue realizado por Fuerzas Especiales de los EEUU y no por la policía militar, señaló el informe.-

 

Informe completo:

“Blurring the Lines: Trends in U.S. Military Programs in Latin America" (en español)