¿En qué falló la cruz roja?
Una cruz que cargar
por Spencer Ackerman, editor asistente de The New Republic
Publicado originalmente por la The New Republic, 17 de mayo de 2004
Traducción y subtítulos por Felipe Elgueta Frontier
Publicada también en Rebelión, 24 de mayo de 2004
El precio del silencio
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Sin siquiera intentarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) consiguió esta semana algo que ni los senadores ni los periodistas que investigaban el escándalo de Abu Ghraib habían podido lograr: pescaron a los funcionarios de la administración Bush mintiendo sobre lo que sabían acerca de la brutalidad en las prisiones de Irak. En su agresiva conferencia de prensa de la semana pasada, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld insistió en que el ejército había adoptado rápidas acciones en contra de los abusos en prisión apenas se enteró de que tales hechos se estaban cometiendo. “Fue el 13 de enero de 2004 cuando salieron a la luz las primeras acusaciones”, dijo Rumsfeld. “Al día siguiente, 14 de enero, se inició una investigación criminal para examinar las acusaciones”. Pero un informe de febrero, preparado por el CICR para los jefes de la ocupación L. Paul Bremer y el General Ricardo Sánchez, muestra que esto no es verdad. Filtrado el lunes en The Wall Street Journal, el informe del CICR revelaba casos “sistemáticos” de “coerción física y psicológica que en algunos casos era equivalente a tortura” cometidos contra “personas arrestadas en relación con supuestas infracciones de seguridad o que eran consideradas valiosas ‘por razones de inteligencia’ ”. Estas conclusiones, decía el informe, fueron presentadas ante la coalición “en varias ocasiones, oralmente y por escrito, ... durante todo el año 2003”. Específicamente, el CICR informó a la coalición acerca de lo encontrado durante y después de la realización (entre marzo y noviembre de 2003) de 29 visitas a 14 prisiones de Irak y llevó algunas de sus conclusiones directamente ante autoridades de ocupación “del más alto nivel”. En otras palabras, la cronología de Rumsfeld no estaba muy correcta.
Pero, de no haberse filtrado el informe del CICR, nadie fuera de la administración Bush se habría enterado jamás de dichos hallazgos. “Jamás habríamos permitido que este informe pasara al dominio público”, dice Amanda Williamson, una funcionaria del CICR en Washington. El mismo rechazo de Williamson a la filtración se ha hecho sentir en toda la jerarquía del CICR, llegando hasta Pierre Kraehenbuehl, director de operaciones del grupo. Esto, porque el CICR (único cuerpo internacional que supervisa centros de detención para asegurar que sus funcionarios acaten las Convenciones de Ginebra) monitorea confidencialmente las condiciones de prisión y sólo informa de los abusos a los mismos bandos que los comenten. Durante décadas, este voto de silencio le ha permitido al grupo entrar en algunos de los más atroces centros de detención de todo el mundo. El CICR “sacrifica su voz pública para obtener acceso”, dice Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
No obstante, el acceso puede ser una maldición. Una de las lecciones de Abu Ghraib es que el silencio del CICR implicó que sus hallazgos pudieran ser pasados por alto sin peligro alguno. Aunque la organización advirtió durante todo el año 2003 acerca del abuso sistemático cometido por personal de inteligencia militar en contra de los iraquíes detenidos, el Pentágono no abrió ninguna investigación acerca de los métodos utilizados por sus funcionarios de inteligencia en Irak sino hasta el 23 de abril de este año. De hecho, aunque el primer punto en la lista del informe del CICR acerca de los “métodos de maltrato” era la práctica de encapuchar a los detenidos durante horas e incluso días, el Mayor General Geoffrey D. Miller, ex alcaide de la Bahía de Guantánamo ahora a cargo de las prisiones norteamericanas en Irak, sólo puso fin a la práctica después de que las fotografías de prisioneros encapuchados y sometidos a degradación sexual aparecieron en la prensa. La respuesta de Miller demuestra los límites del tratamiento privado que el CICR da a las violaciones de derechos humanos, y la extrema necesidad de complementarlo con algo más público. “Los gobiernos excluyen [a los grupos de los derechos humanos de la supervisión] diciendo ‘le hemos dado acceso al CICR’ ”, dice Harold Hongju Koh, secretario de estado asistente para derechos humanos en la administración Clinton.
Buscando una alternativa
 Basora, marzo de 2003: Un equipo de la Cruz Roja intenta entrar en una zona de combate para entregar ayuda humanitaria. Foto: AP/WWP |
No estamos diciendo que el CICR no realice un trabajo humanitario vital. Entre las funciones más importantes que cumple el CICR a través de su acceso a los prisioneros, están la de llevar un registro de detenidos y el envío de mensajes desde y hacia sus familias; un resguardo crucial contra las desapariciones ordenadas por el estado en lugares como Chechenia. De hecho, es precisamente la seriedad de la tarea lo que lleva al CICR a adoptar la política de confidencialidad: al abandonarla se arriesgarían a perder el acceso a algunas de las prisiones más terroríficas del mundo. “El solo hecho de ser la única organización independiente que tiene contacto cara a cara con personas que [por] su propia naturaleza han sido separadas del mundo exterior, también tiene un enorme impacto sobre sus personas”, dice Williamson. “Jamás querríamos perder esa oportunidad”.
Pero, aunque sus recomendaciones confidenciales puedan detener a veces ciertos abusos individuales (el informe del CICR deja en claro que su solicitud de abril 2003 a las fuerzas británicas “tuvo el efecto inmediato” de terminar con la práctica de encapuchar a los prisioneros del campo de Umm Qasr), el CICR está en mal pie para detener los abusos sistemáticos, sobre todo los que cuentan con la venia de los gobiernos. Y, en tales casos, se corre el riesgo de que el estricto silencio del CICR prive a los detenidos de un poderoso control contra los abusos: la indignación pública. El sistema de interrogatorios de los Estados Unidos ilustra perfectamente esta situación. Aunque el CICR visitó Abu Ghraib a mediados de octubre y advirtió a las autoridades de los abusos que había “observado directamente”, en diciembre se siguieron cometiendo ofensas similares o peores. Tal como aclara el informe, eso no fue ningún accidente: “Varios funcionarios de la inteligencia militar confirmaron al CICR que parte del procedimiento de inteligencia militar era... usar tratos inhumanos y degradantes, incluida la coerción física y psicológica”. Es muy probable que dicho procedimiento haya sido establecido desde arriba. En el pasado verano septentrional, Miller visitó prisiones iraquíes por petición del subsecretario de defensa en asuntos de inteligencia, Stephen Cambone, para entregar recomendaciones acerca de cómo extraer información de los detenidos. “El método de la Cruz Roja no funciona bien en ese contexto”, dice Roth. “Está diseñado para advertir de los abusos leves a guardias comprometidos con el respeto a la ley internacional. En este caso, muchos de los problemas de abuso empezaron bien alto en la jerarquía”.
Los activistas de derechos humanos han estado trabajando durante más de una década para encontrar algo que funcione. Ellos dicen que la solución no pasa por desechar el estilo confidencial del CICR, sino por usarlo como una cuña para lograr que los gobiernos acepten otorgarle un rol a los inspectores de derechos humanos, como Human Rights Watch, cuya función sería denunciar e inculpar. “Creo que la pregunta es, dado que ellos han llegado a este acuerdo como organismo [con los gobiernos], ¿cómo nos aprovechamos de él?”, dice Koh. En abril de 2002, la Comisión de Derechos de Humanos de la ONU ofreció una solución: el Protocolo Optativo de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura, que propuso un nuevo cuerpo internacional conocido como el Subcomité de Prevención, que realizaría inspecciones “sin restricción” de “cualquier lugar bajo jurisdicción y control [de un estado] en donde haya o pueda haber personas privadas de su libertad”. El subcomité operaría de manera independiente del CICR y llevaría a cabo un mandato diferente: si un estado se negara a proporcionar pleno acceso o rehusara atender las recomendaciones del subcomité, este último tendría autorización para “hacer una declaración pública sobre la materia”. El protocolo probablemente habría obligado a los Estados Unidos a abrir los centros de detención en Afganistán y Bahía de Guantánamo a observadores de derechos humanos que podrían hablar abiertamente, algo a lo que el Departamento de Defensa se ha negado de manera sistemática. Si esos observadores hubieran visitado los centros norteamericanos de detención en Irak, sin duda habrían visto -y condenado públicamente- los mismos abusos descubiertos por el CICR.
Pero cuando llegó la hora de someter a votación el protocolo en un pleno de la Asamblea General en diciembre de 2002, se presentó un serio obstáculo: la administración Bush. En un informativo del Departamento de Estado, emitido antes de la votación, la administración dijo que se oponía a las nuevas reglas debido a su naturaleza optativa, la que eximiría a “muchos de los peores violadores de los derechos humanos” (no es que los Estados Unidos estuviera intentando hacer que el protocolo fuera obligatorio para todos los estados). Pero el verdadero motivo de la oposición de la Casa Blanca, era su concepción de la guerra contra el terrorismo, la que “ha llevado a que Estados Unidos considere los derechos humanos como una molestia o como un lujo que ya no se puede permitir”, tal como lo señalara la abogada neoyorquina Kathleen Perati, especialista en derechos humanos. Finalmente, la votación fue de 127 contra cuatro; los Estados Unidos votó “no”, poniéndose junto a la compañía humanitariamente ignominiosa de Nigeria.
Un desafío para los gobiernos
De momento, entonces, el único grupo que supervisa los interrogatorios en centros de detención norteamericanos es el CICR. No es que el CICR desee que esto sea así. “Nunca ha sido nuestra postura que las personas que trabajan con una estrategia de defensoría no tengan un rol muy importante y complementario”, dice Williamson. “Por cierto, hay un espacio y un rol muy importante para la gente que... habla abiertamente”. Por desgracia, la administración Bush discrepa. En su entrevista de la semana pasada con Al Hurra, una red de televisión árabe que cuenta con patrocinio norteamericano, el Presidente Bush eludió una pregunta acerca de si Estados Unidos permitiría que el CICR u “otras organizaciones de derechos humanos” visitaran sus prisiones, diciendo tan sólo: “por supuesto, nosotros cooperaremos con la Cruz Roja Internacional”.
Después de la emisión del informe de febrero del CICR, queda claro que esto no basta. “Es necesario que los gobiernos que realmente estén intentando limpiar su imagen y mostrar que han arreglado el problema, admitan a estos otros grupos [de derechos humanos]”, dice Koh. “Es legítimo deducir que, si les están negando el acceso, entonces todavía tienen algo que esconder”. Eso es exactamente lo que Estados Unidos ya no puede permitirse.-
