por Larry Rohter

Publicado originalmente en inglés por el New York Times, 6 de noviembre de 2004

Traducción de Felipe Elgueta Frontier

 

Luego de pasar años describiendo las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile bajo la dictadura del General Augusto Pinochet como “excesos” cometidos por oficiales individuales y no como una política deliberada de estado, el Ejército de Chile dio un golpe de timón el viernes pasado y reconoció que debe cargar con la responsabilidad colectiva “institucional” por dichos abusos.

 

“El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”, escribió el actual comandante del Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa, en un comunicado publicado por “La Tercera”, un periódico de Santiago, la ciudad capital. “Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética”, dijo.

Una comisión oficial está preparando un amplio informe que se espera hacer público este mes, sobre las torturas y otras violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por agentes de seguridad e inteligencia durante la dictadura de Pinochet. Las agrupaciones de derechos humanos estiman que unas 4.000 personas fueron asesinadas después de que el General Pinochet asumiera el poder el 11 de septiembre de 1973, en el golpe militar apoyado por Estados Unidos que derrocó al presidente democráticamente elegido, Salvador Allende, un civil de tendencia izquierdista. Miles de personas fueron torturadas, encarceladas, obligadas a abandonar el país, despojadas de sus trabajos o relegadas a lugares apartados dentro del territorio nacional.

La “nueva visión” que el General Cheyre anunció el viernes choca directamente con las visiones que el General Pinochet ha expresado siempre. Ya de 88 años de edad y bajo investigación casi permanente en relación con violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su mandato de 17 años, el General Pinochet sostiene que él y otros miembros del alto mando militar nunca emitieron órdenes de eliminar a opositores a su dictadura y que cualquier abuso cometido fue obra de unos pocos oficiales corruptos.

Ni él ni sus abogados respondieron de manera inmediata a la declaración del General Cheyre, que podría alentar a presentar nuevas acusaciones legales en su contra. Aunque el General Pinochet ha sido despojado de su inmunidad judicial en dos importantes investigaciones, hasta ahora ha logrado evitar ser enjuiciado debido a que los médicos determinaron que sufría de demencia senil.

“A Pinochet le va a ser difícil seguir sosteniendo que no tenía idea de lo que pasaba y que todas las atrocidades se debieron a unas pocas manzanas podridas”, dice el chileno José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Dos ex comandantes de la armada cercanos al General Pinochet criticaron la declaración de Cheyre.

“Me parece una cosa que no tiene sentido”, dijo el Almirante en retiro Jorge Arancibia. El otro ex jefe de la armada, Almirante Jorge Martínez Busch, dijo que “nunca existió ninguna actitud institucional sobre este tema, así que no estoy de acuerdo con esa visión”. “Rechazo que haya sido una política de Estado; las responsabilidades son siempre individuales”, agregó.

Lorena Pizarro. Foto: Mundo Posible

Las agrupaciones de derechos humanos en general expresaron desconfianza acerca de las motivaciones del General Cheyre. Dijeron que pese a que cualquier reconocimiento de culpa era bienvenido y anhelado desde hacía ya mucho tiempo, sólo estarían satisfechos si el ejército proporciona los nombres de todos los miembros de la cadena de mando que hayan participado en violaciones de derechos humanos, de modo que los abogados de la parte acusadora puedan disponer de esa información.

“Nos preocupa que éste pueda ser otro truco para asegurar la impunidad de los violadores de derechos humanos”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una entrevista telefónica. “Algunos abogados defensores ya están argumentando que, puesto que las violaciones fueron cometidas por el estado, no se puede considerar a los individuos como responsables de dicha política”.-