El debate sobre la inmigración se calentó la semana pasada cuando el Comité Judicial del Senado empezó a discutir un proyecto de ley de su presidente Arlen Specter (republicano de Pensilvania) para reformar las leyes de inmigración y crear un programa para obreros extranjeros. Este proyecto llega pisándole los talones a otro, aprobado en diciembre por la Cámara (la H.R. 4437) y que se centra principalmente en cómo asegurar nuestras fronteras para evitar el flujo de inmigrantes indocumentados, principalmente de México y otros países latinoamericanos. Gran parte del debate hasta este momento se ha concentrado en la seguridad fronteriza, el mercado laboral y las negociaciones políticas. Sin embargo, todo eso cambió cuando Mahony le agregó la dimensión moral al debate.

Él y muchos otros líderes religiosos están particularmente preocupados por una disposición de la ley H.R. 4437 (y también del proyecto de Specter) que impondría sanciones a cualquiera que preste asistencia a los inmigrantes indocumentados para que permanezcan en los EEUU. Si se promulga como ley, esta disposición criminalizaría a los trabajadores de servicio social y a otras personas o entidades que proporcionan ayuda caritativa o humanitaria a personas indocumentadas, entre ellas iglesias y otras organizaciones de inspiración religiosa. El delito sería una felonía, potencialmente punible con cuantiosas multas y hasta cinco años de prisión. Según Los Angeles Times, Mahony dijo que si el Congreso aprueba el proyecto, él instruirá a los sacerdotes de sus 288 parroquias para que desafíen la ley en una abierta desobediencia civil.

Antes de ingresar a Sojourners, pasé 17 años viviendo y trabajando a unos pocos kilómetros al oeste de la catedral del cardenal, en uno de los barrios más empobrecidos de Los Ángeles. Tuve el privilegio de dirigir el Centro Comunitario Bresee, una organización de inspiración religiosa que proporciona programas educacionales, capacitación laboral, atención médica y servicios sociales básicos a jóvenes y a sus familias. A lo largo de esos años, desarrollé relaciones personales con cientos de niños y familias que no contaban con un trozo de papel que les otorgara estatus legal en este país. Si la ley que se está discutiendo en el Congreso se hubiera aprobado mientras yo estaba dirigiendo el centro, con seguridad yo habría ido a la cárcel.

Por cierto, necesitamos una reforma a la inmigración en este país; pero un enfoque centrado en una ruin criminalización que sólo se ocupa de la seguridad fronteriza no es la respuesta. No es realista pretender que se deporte a casi 12 millones de personas y, si de algún modo lográramos hacerlo, nuestra economía colapsaría. La mayor parte de los indocumentados que conocí estaban entre las personas más trabajadoras y dedicadas a su familia de todo mi barrio. Ellos se vinieron a este país por las mismas razones por las cuales la gente ha venido aquí durante los últimos 400 años: libertad económica, religiosa y política. Muchos de ellos huían de una guerra civil o de condiciones económicas tan desesperadas que arriesgarlo todo para venir a este país era en realidad la única alternativa. Y la mayoría de los jóvenes con quienes trabajé habían emigrado a tan temprana edad que no tenían ningún recuerdo de su tierra natal. Ellos fueron asimilados por nuestra comunidad, aprendieron a hablar la lengua y se educaron; pero, sin haberlo escogido, viven en un limbo legal.

Una joven que conocí huyó de una nación latinoamericana durante una guerra civil y llegó a nuestro país cuando tenía 5 años de edad. Aprendió el inglés y, aunque asistió a escuelas públicas locales de bajo rendimiento, fue una estudiante modelo, trabajó duro, se graduó con honores en la secundaria y asistió a una universidad Ivy League. Con becas privadas, su propio dinero y la ayuda de sus padres, al cabo de tres años se graduó en ciencias políticas. Cuando volvió a su comunidad, su único anhelo era dedicarse a trabajar para mejorar las vidas de otros jóvenes latinos que enfrentaban las mismas desventajas que vivió ella. No obstante, debido a su estatus de indocumentada, se encuentra trabajando en la clandestinidad, ganando un salario que apenas le permite sobrevivir económicamente.

No es realista pensar que esta joven vaya a regresar a su país desgarrado por la guerra sólo porque decidimos convertirla en una criminal. No hay nada a qué volver. Ella es inteligente, capaz y podría aportar al fortalecimiento de nuestras comunidades. Y si este proyecto se aprueba, millones de personas como ella no volverán a su país de origen; pasarán aún más a la clandestinidad y serán parte de aquella permanente clase de marginados de nuestra sociedad. En lugar de recompensarla por su esfuerzo, la penalizaremos a ella y a su familia por anhelar una vida mejor. Eso no es propio de Estados Unidos y es perverso.

Deberíamos seguir los lineamientos para la reforma de la inmigración desarrollados por la Conferencia Episcopal Católica de los EEUU y otras organizaciones en su campaña “Justicia para los Inmigrantes”:

-Más visas para miembros de familias de inmigrantes para reducir lo que pueden ser décadas de espera para su reencuentro.
-Un programa para obreros extranjeros que cuente con una vía hacia la residencia permanente.
-Mejores procesos legales para garantizar los derechos de los inmigrantes.
-Legalización de inmigrantes indocumentados.
-Desarrollo económico en los países pobres para reducir la necesidad de emigrar.

Sitios relacionados:

Comité Central Menonita: Campaña "Letters on the line"