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La inocencia
es irrelevante
Ante la ejecución del inocente La nueva y mejorada pena de muerte de EEUU ¿Por qué el apoyo a las ejecuciones?
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Ante la ejecución del inocente
"Por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios."
Romanos 3:23
Al igual que todas las obras humanas, los sistemas de justicia criminal son susceptibles de error. Y siempre que se incluye la pena de muerte como parte de un sistema de justicia criminal, la ejecución de personas inocentes surge como posibilidad. La preocupación acerca de las ejecuciones judiciales erradas no es nueva. En Éxodo 23:7 se nos da como mandato: "de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo". Desgraciadamente, Éxodo no nos informa cómo lograr que nuestro sistema de justicia sea invulnerable a las mentiras, prejuicios y juicios equivocados.
La solución obvia y simple es eliminar por completo la pena de muerte. La articulación mejor conocida de este punto de vista fue pronunciada por el Marqués de Lafayette en la Asamblea Legislativa de Francia, en 1831: "mientras no se me pruebe la infalibilidad del juicio humano, yo seguiré exigiendo la abolición de la pena de muerte".
Esto ocurría más de un siglo antes de que las naciones empezaran realmente a cerrar sus patíbulos y guillotinas, a menudo debido a estas mismas preocupaciones acerca de la ejecución del inocente. En el Reino Unido, el ahorcamiento de Timothy Evans en 1950 -se le otorgó póstumamente el perdón en 1966- animó a los legisladores británicos a eliminar la pena de muerte para los crímenes ordinarios en 1965 (cinco ofensas militares en tiempo de guerra permanecen en la lista).
Cuando la pena de muerte fue suspendida en los Estados Unidos en el fallo de la Corte Suprema sobre Furman versus Georgia (1972), la inocencia fue una consideración principal. En una opinión afín con esa decisión, el juez Thurgood Marshall escribió: "No importa cuán cuidadosas sean las cortes, la posibilidad de testimonio perjurado, testimonio honesto equivocado y error humano sigue siendo demasiado real. No tenemos ninguna manera de discernir cuántas personas inocentes han sido ejecutadas, pero podemos estar seguros de que ha habido algunas".
La Corte Suprema levantó su suspensión en 1976, declarando que los estados habían revisado apropiadamente sus estatutos sobre la pena de muerte para que se ajustaran a los requisitos constitucionales de debido proceso. Estados Unidos había iniciado la era de su nueva y mejorada pena de muerte.
La nueva y mejorada pena de muerte de Estados Unidos
En noviembre de 1987, la Stanford Law Review publicó el histórico artículo "Los abortos de la justicia en casos potencialmente capitales", escrito por Hugo Bedau y Michael Radelet. El artículo informa de 350 casos de acusados declarados erróneamente culpables de crímenes capitales o potencialmente capitales en los Estados Unidos en el período 1900-1985. De esas sentencias, 139 produjeron penas de muerte reales y, en último término, 23 ejecuciones. Otros 8 murieron en prisión y 22 fueron indultados dentro de las 72 horas previas a la ejecución. De aquellos casos en los que el convicto fue finalmente absuelto, el 40% de las liberaciones tuvo lugar después de más de 5 años de prisión; el 20% de fue después de más de 10 años.
Además de presentar y clasificar los casos, Bedau y Radelet analizaron tanto las causas de las condenas erróneas como los mecanismos por los cuales se descubrieron los errores. Los perturbadores resultados revelan que, con frecuencia, la policía y los fiscales son las causas del error (por medio de confesiones forzadas, supresión de evidencia exculpatoria, perjurio por soborno, etc.), pero rara vez son responsables del descubrimiento de los errores. De hecho, los escritores y periodistas investigadores fueron responsables de más exoneraciones que la policía, los fiscales y los jueces juntos. Las personas que viven para ver la revocación de una condena equivocada, lo hacen a pesar del sistema de justicia criminal, no gracias a él.
Los casos de condenas equivocadas han seguido aumentando desde 1987. Junto a su coautora Constance Putnam, Bedau y Radelet publicaron en 1992 el libro In Spite of Innocence ("A pesar de la inocencia"), extendiendo su investigación hasta mediados de 1991 y agregando 66 nuevos casos a su lista.
En 1993, un informe del Subcomité del Congreso norteamericano sobre Derechos Civiles y Constitucionales, preparado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, abordó los casos de los 48 acusados que fueron liberados del corredor de la muerte desde 1973 debido a condenas equivocadas. Estableciendo concluyentemente que los errores en los casos capitales no llegaron a su fin con el caso Furman, el informe concluye "que una cantidad importante de los presos que están en el corredor de la muerte es de hecho inocente y que hay un alto riesgo de que algunos de ellos sean ejecutados".
Y la cuenta sigue creciendo. Desde el informe del Subcomité del Congreso, se han liberado otros 29 presos más del corredor de la muerte (dando un total de 77) cuando la evidencia que los inculpaba se desmoronó. La liberación más reciente, la de Anthony Porter en Illinois el 5 de marzo de este año, demuestra todo lo que está mal en el actual sistema. Porter estuvo sentenciado a muerte durante diecisiete años y llegó a estar a dos días de su ejecución el otoño pasado. El error -un testigo clave que fue presionado por la policía para dar testimonio falso contra Porter- fue descubierto por estudiantes de periodismo.
Agravando el predicamento de los condenados por error, están las modificaciones al sistema que hacen cada vez más difícil revocar una sentencia capital equivocada.
El fallo de 1993 de la Corte Suprema en el caso de Texas de Herrera versus Collins dejó en claro que una condena lograda sin rastro de error constitucional no está sujeta a revisión federal, aun cuando la evidencia exculpatoria sea descubierta después del fallo, a menos que esa evidencia sea tan abrumadora como para que "ningún jurado razonable hubiera considerado al acusado como candidato a la pena de muerte". En resumen, las cortes federales no interferirán en una ejecución sobre la base de una nueva evidencia de inocencia.
En Texas, cualquier nueva evidencia debe ser presentada ante una corte de apelaciones dentro de los primeros 30 días después del fallo o no será considerada admisible. En esta situación se encontraba de Leonel Herrera, cuya evidencia exculpatoria consistía en declaraciones juradas de testigos, completadas con resultados de polígrafo (que indicaban veracidad) de testigos confiables, entre ellos un testigo ocular y un ex juez de Texas que oyó a otro hombre confesar el crimen por el cual Herrera fue condenado. Pero la evidencia llegó mucho tiempo después del límite de 30 días, y Herrera fue ejecutado. En Virginia, que tiene un límite de 21 días para presentar la nueva evidencia, la actitud hacia la liberación posterior a la sentencia fue enunciada en una sucinta declaración de la Procuradora General Mary Sue Terry. Explicando por qué al preso condenado a muerte Joseph O'Dell no se le debía permitir la realización de pruebas de ADN -examen no disponible en la época en que fue condenado-, ella declaró: "la evidencia de inocencia es irrelevante". O'Dell fue ejecutado en 1997.
Como consecuencia del atentado explosivo contra el edificio federal de la ciudad de Oklahoma en abril de 1995, el Congreso y el Presidente Clinton dieron carácter de ley al "Acta de Anti-Terrorismo y Pena de Muerte Efectiva" (AEDPA, su sigla en inglés) que entró en efecto en el primer aniversario del bombardeo. Esta ley restringe severamente el auto de habeas corpus, tanto en el número de apelaciones que se pueden hacer como en el requisito de que cualquier petición federal de habeas debe estar archivada al cabo de seis meses de procesos judiciales de cortes estatales. El caso de Felker versus Turpin (Georgia) en la Corte Suprema ha confirmado las restricciones del AEDPA al habeas.
 Leonel Herrera, un inocente ejecutado |
¿Por qué el apoyo a las ejecuciones?
Ante la aplastante evidencia de error judicial en casos capitales, ¿por qué tantas personas, incluso líderes de todo el espectro político norteamericano, están deseosas de permitir que las ejecuciones continúen, e incluso están ávidas por acelerar el proceso?
Los defensores de la pena de muerte dan dos tipos de respuesta a esta pregunta:
Primero, que no hay ninguna ejecución equivocada, y que los varios casos de personas liberadas de su marcha hacia el patíbulo simplemente son evidencia de que el sistema funciona adecuadamente. La inocencia es meramente un ardid.
El hecho de que hay personas que equivocadamente son declaradas culpables y son sentenciadas a muerte es indiscutible. Y nosotros sabemos que los errores son descubiertos generalmente después de muchos años de combatir el sistema y, con frecuencia, después de que muchas apelaciones han fallado. A menudo, el trabajo es realizado por abogados defensores que trabajan gratuitamente o periodistas u otros ciudadanos comprometidos sin ningún rol formal dentro del sistema. La noción de que estos fortuitos mecanismos han exonerado y continuarán exonerando a todos los que son condenados erróneamente, es ingenua.
El segundo tipo de respuesta es que es irrazonable detener las ejecuciones debido a la posibilidad de errores. Nosotros tomamos precauciones para minimizar el riesgo, pero todos los esfuerzos humanos involucran tomar riesgos. Nosotros no contemplamos la abolición de los vehículos motorizados debido a la mortalidad en los accidentes de tránsito, aun cuando ésta sea muy alta. De la misma manera, nosotros no debemos abandonar una parte importante de nuestro sistema de justicia criminal debido a la posibilidad de ejecuciones injustas.
La respuesta hace surgir una pregunta importante: ¿Los riesgos de ejecutar a una persona inocente pesan más que los beneficios de tener la pena capital como parte del sistema de justicia criminal? Eso depende de cuáles considera usted que son estos beneficios. Los defensores de la pena de muerte frecuentemente defienden que, si la existencia de una pena de muerte pudiera prevenir sólo un puñado de crímenes horrendos, entonces sería correcto asumir algún pequeño riesgo de error. Como se ha señalado, la mayoría de los norteamericanos estaría de acuerdo con esto, pero ¿es verdadero este antecedente? ¿La pena de muerte previene crímenes horrendos, o del carácter que sean, más eficazmente que el encarcelamiento? A pesar de los numerosos estudios, jamás se ha demostrado la presencia de este supuesto efecto disuasivo.
Con frecuencia, los beneficios adicionales que se citan son planteados en términos de hacer lo que requiere la justicia y de la preocupación por las víctimas inocentes.
Atemoriza preguntar qué perversa clase de justicia requiere que el estado esté deseoso de sacrificar a víctimas inocentes para proteger a víctimas inocentes. Y, a diferencia de los accidentes de tráfico, el riesgo de una ejecución equivocada no se distribuye uniformemente en toda la sociedad. Más bien, son aquéllos que tienen el menor acceso a la investigación y representación legal de alta calidad quienes cargan con el peso de las penas de muerte y ejecuciones injustas.
¿Por qué es tan apremiante la pregunta por la inocencia de los condenados? Para aquéllos que se oponen a la pena capital por principios, no es importante si el prisionero condenado es culpable o no. Ningún miembro de la sociedad es desechable, sin importar quién sea o lo que haya hecho. El problema es importante porque los norteamericanos apoyan abrumadoramente la pena de muerte, pero se ponen aprensivos cuando se les confronta con la escabrosa realidad de su aplicación. Y para aquellas personas que apoyan la pena de muerte, la posibilidad de error judicial es el aspecto más penoso de su aplicación. La ejecución de personas inocentes es un hecho tremendamente conmovedor porque desmiente la pretensión de que la pena capital existe para proteger a las víctimas inocentes de la violencia insensata. Por el contrario, la pena de muerte impone un tremendo riesgo de crear víctimas inocentes sin ningún beneficio real para la sociedad.-
Texto original en inglés: Innocence
is Irrelevant en Peacework,
abril 1999
Más sobre la pena de muerte:
La pena de muerte o la extensión de la violencia
Testimonio cuáquero contra la pena de muerte
La pena de muerte en Amnistía Internacional
Enlaces sobre la pena de muerte en Derechos HR
Death Penalty Information Center